28/11/2011 – Alberto Serrano Martín
2011 será recordado por mucho tiempo. Han sucedido grandes acontecimientos en un año que todavía no ha dicho su última palabra. Desde la Primavera Árabe, pasando por los movimientos globales de protesta, la caída de tiranos y terroristas como Muamar el Gadafi y Osama Bin-Laden, nuevas etapas en conflictos de largo recorrido como el palestino-israelí y otros que tocan a su fin como la Guerra de Afganistán. Consecuencia de un mundo tan globalizado, las Organizaciones Internacionales, especialmente la ONU, han tenido numerosos casos en los que participar.
Pero si algo ha quedado patente en este tiovivo de revoluciones ha sido el impacto de la Agenda social a través de internet. Hay dos rasgos que definen esta participación de forma especial: horizontalidad e instantaneidad. Los sucesos son conocidos masivamente en todo el mundo y las decisiones por parte de la sociedad civil y sus consecuencias no se hacen esperar. Además, el consenso se busca a través de reuniones horizontales en las que no destacan líderes y en las que se atienden las opiniones de todos los participantes.
Esto contrasta frontalmente con organizaciones excesivamente burocráticas y en las que determinados miembros gozan de una importancia mayor. Así sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde sus cinco miembros permanentes (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido y Francia) tienen la potestad de vetar nuevas admisiones. Este es uno de los motivos por los que Palestina y Tíbet no son reconocidos como Estados ya que recibieron el veto de EE.UU. y China, respectivamente.
Los centros de decisión sufren un movimiento demasiado lento y pesado y en muchas ocasiones se cierne sobre ellos un velo de oscuridad en cuanto a sus intereses. No se puede entender de otra forma el apoyo a Muamar el Gadafi previo a la explosión de la revolución libia y la posterior alianza con el Consejo Nacional de Transición llevando al bombardeo de Sirte por parte de tropas de la OTAN hasta conseguir la captura y posterior ejecución del sátrapa libio. Los intereses que han llevado a cambiar tan radicalmente de opinión se encuentran ocultos.
Asimismo, la inoperancia a la hora de actuar de forma diligente supone elevados costes humanitarios. La pesada burocracia se transforma en una trampa mortal cuando atañe a asuntos tan delicados como los Derechos Humanos. Precisamente, se trata de uno de los objetivos principales de este organismo, que establece la Comisión de Derechos Humanos como encargado especial. Sin embargo, para reclamar ante esta comisión hay que pasar por varios intermediarios que se encargan de filtrar las demandas y descartar falsas informaciones. Además, para llegar hasta este lugar hay que realizar un largo viaje por el sendero de la normativa nacional. Algo que no siempre es posible y que da vía libre a que las protestas mueran represaliadas antes de nacer.
La globalización se ha visto acelerada y fomentada por las nuevas tecnologías de la información. La instantaneidad y horizontalidad han sido bien acogidas por parte de la agenda social que las usa diestramente. Sin embargo, la agenda política continúa en un estado de indefinición. Al mismo tiempo que la ONU reniega de un poder centralizador alegando el concepto de gobernanza y rehusando intervenir en las jurisdicciones nacionales, establece un Derecho internacional que permite la entrada en determinados conflictos. En definitiva, hay una falta de coherencia a la hora de actuar.
Su evolución se encamina hacia dos alternativas: configurarse como una Organización superior con potestad para actuar en los asuntos internos de los Estados miembros haciendo cumplir los Convenios suscritos; o imbuirse de un espíritu más transparente y democrático a la hora de tomar las decisiones, suprimiendo la capacidad de veto por parte de cinco Estados que se sitúan por encima del resto en la actualidad.





Este â sextetoâ es bastante más austero y concederá a la Comisión una influencia sin precedente en los asuntos de los estados miembros.
El depósito del instrumento de adhesión se notifica a los Estados miembros del Consejo de Europa y a las otras Partes en el Convenio.